Aunque explicable, no por ello deja de ser preocupante lo ocurrido en días pasados en el Valle de México, en dos casos de intento de robo, uno en el transporte público y el otro en una casa habitación. En ambos, tanto los pasajeros como los vecinos de la zona atraparon a los delincuentes y los golpearon hasta dejarlos malheridos.
Desde luego, hechos de esta naturaleza no son ya ninguna novedad pues tienen tiempo de repetirse, a consecuencia de la reacción de una ciudadanía cansada de ser víctima de los criminales, a menudo protegidos por los propios elementos de las corporaciones policiacas. Además de las organizaciones de defensa comunitaria, se ha incrementado la presencia de los llamados “vengadores anónimos”, ya sea en la modalidad de ejecutar con sus armas a los asaltantes o en un momento de descuido atacarlos en grupo.
En un contexto donde las estadísticas muestran el aumento exagerado de homicidios, violaciones, asaltos y secuestros, junto con la impunidad en un porcentaje cercano al cien, los propios informes especiales de la CNDH refieren que los linchamientos en el país no sólo se han triplicado en los últimos tres años, sino son bien vistos por un 77% de la gente. Es decir, debido a lo grave de la situación, aunado a la profunda desconfianza hacia las autoridades y la percepción de incumplimiento del deber institucional, para amplios sectores de la población la justicia por propia mano es considerada la mejor alternativa.
Por desgracia, el fenómeno de la violencia y la inseguridad se ha convertido en parte integral de la vida diaria, donde inciden los bien conocidos factores de pobreza, falta de educación y deficiente integración familiar, sumados a los de alcoholismo, drogadicción y pandillerismo. Aunque los datos conocidos son motivo de alarma, lo cierto es que no muestran ni con mucho la realidad del problema, pues la delincuencia de mediana y alta escuela cada día se reafirma como una plaga de comprobada peligrosidad, en contraste con la actuación irresponsable y medrosa de gobiernos ampliamente rebasados y sin la capacidad de garantizarle a la sociedad la protección necesaria.
La seguridad pública es vital en el desarrollo y la prosperidad de un país, y eso exige de las estructuras oficiales una atención prioritaria, hacia donde se asignen recursos de calidad y se apliquen medidas conjuntas y soluciones de fondo, tendientes a controlar y minimizar los problemas. Si en lo reiterativo de éstos no se ponen correctivos estrictos, la ley de la selva terminará por ocasionar saldos de mayor gravedad, cuando los ofendidos recurran a sus propios medios de castigo a fin de dar cauce a los sentimientos de frustración, dolor y deseos de venganza.
Para colmo de males, las señales de alerta se intensifican debido a los efectos negativos de la pandemia y al pésimo desempeño de la administración federal, reflejado, entre muchas otras cosas, en una economía desplomada, millones de empleos perdidos y miles de jóvenes fuera del sistema escolar o a punto de abandonarlo. Muy difícil que imperen la ley y el orden mientras no se empiece por crear modelos de una policía proactiva y honesta, tendientes a frenar los actos abusivos y violatorios de los derechos fundamentales de las personas.
