Entre los grandes problemas de México la corrupción se ha posicionado como uno de los principales, incluso por encima del de la pobreza. Este cáncer daña a la sociedad en todas partes y su práctica frecuente, particularmente en el sector oficial, lo ha llevado a constituirse en un modo de vida bastante lucrativo, obviamente alentado por la impunidad, cuya cifra negra se estima del orden del 95 por ciento.
En buena parte, gracias a la presión ejercida por el periodismo de investigación, las organizaciones civiles y las redes sociales, en los años recientes se han exhibido numerosos casos de deshonestidad, donde se involucran personajes de cualquier nivel de gobierno y color partidista, acusados, entre muchas otras cosas, de desfalcos al erario, sobornos, licitaciones amañadas y con sobreprecio, desvío de recursos, conflictos de interés y tráfico de influencias. Por esto y más, el sexenio anterior quedó marcado profundamente por los antivalores, y pasará a la historia como uno de los peores que jamás haya tenido nuestra sufrida nación.
Aprovechando el hartazgo de la ciudadanía, el actual presidente llegó al poder con la promesa de eliminar estas vilezas y proceder contra sus destacados exponentes, obligándolos a devolver a la hacienda pública lo robado. Sin embargo, después de año y medio de gestión la realidad es otra, pues los avances significativos no se muestran, ni se ha cumplido con el legítimo reclamo de la población en cuanto a castigar a los autores del saqueo.
Inclusive existen evidencias de ir en sentido contrario, cuando desde un inicio se ofrece borrón y cuenta nueva, con lo cual ya no se respeta la palabra empeñada y se dejan ir las oportunidades de hacer cumplir la ley estrictamente. Con las reservas del caso, el tal contexto parece ubicarse la detención del exdirector de Pemex, acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, y sin duda una pieza clave para revelar el modus operandi de los jefes de la banda, aunque ahora, con eso de recibir los cuidados y el trato distinguido mencionados en la prensa, todo puede quedar en un proceso desaseado, cuyos objetivos se encaucen a reforzar el circo mediático y electoral.
En fin, el asunto es que las inmoralidades no se combaten con la valentía ni la efectividad debida, y el tema se limita al ya muy gastado y poco creíble discurso presidencial. Ante la conducta cuestionada de algunos altos burócratas, el derroche en los programas compra votos, el uso de los presupuestos en proyectos faraónicos absurdos y el manejo irresponsable de la pandemia, ninguna prédica con ínfulas de purificadora será suficiente, y en cambio esa distorsión de principios pronto habrá de pasar la factura respectiva.
Es decir, si no se controla la situación y se aplican sanciones ejemplares, acorde con los daños causados por la perversidad y el cinismo de tanto sinvergüenza, llegará el momento de pagar culpas y responder por las graves omisiones. En un entorno cada día más polarizado, las malas decisiones y la incompetencia en la conducción de los asuntos públicos se traducen en una pérdida de la confianza y en el aumento de las expresiones de repudio, hacia quien prometió casi el paraíso y quedó atrapado en la locuacidad y el protagonismo del eterno candidato.
