Para desgracia del país, en la actual administración federal los errores se acumulan, ya sea al tratar de resolver los múltiples problemas o al propiciar el surgimiento de otros. Los casos están ahí, constituyen una lista ya muy extensa y sus niveles de gravedad son realmente preocupantes.
Entre muchos otros, los malos resultados se corroboran en un sistema educativo deficiente y con liderazgo denigrante, o en el de salud, donde la forma de enfrentar la pandemia y ocasionar el desabasto de medicamentos han causado miles de fallecimientos que no debieron ocurrir, incluyendo los de niños con cáncer. A la destrucción de instituciones autónomas y los abrazos al crimen organizado, se suman los enormes daños a la economía, reflejados en el nulo crecimiento, una inflación de 7.36 por ciento en 2021 (la más alta en dos décadas); reducción de inversiones privadas y una fuga de capitales del orden de 12 mil 630 millones de dólares en el mismo lapso, así como el aumento de la deuda externa y el criminal derroche de miles de millones de pesos en los llamados proyectos insignia.
Todo esto aunado a la falta de voluntad política para combatir la terrible enfermedad de corrupción e impunidad, en sus diferentes manifestaciones.
Además de los justos reclamos de los sectores afectados, esta situación ha derivado en la publicación de numerosos análisis, reportajes y comentarios de periodistas y medios bien documentados. Sin embargo, en lugar de aceptar las verdades o refutar con argumentos ciertos y comprobables, guardando la compostura propia de su cargo, el señor de palacio ha optado por la descalificación y el insulto, ubicando a la prensa independiente en la posición de adversario, vocera de los conservadores, opuesta al cambio, promotora de la deshonestidad y hasta golpista.
Ratificación de tal conducta la estamos viendo ahora, con motivo de las recientes revelaciones de la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y del portal de noticias Latinus, acerca de un posible conflicto de interés en el cual se involucra a uno de sus hijos, por haber ocupado la lujosa residencia en Houston de un ejecutivo de la empresa de servicios petroleros Baker Hughes, contratista de Pemex y presuntamente beneficiada. Por este motivo, desde el pasado viernes 11 el presidente no deja el tema y, aparte de victimizarse, ataca furiosamente a quienes han dado a conocer los hechos, sobre todo a Carlos Loret de Mola, al grado de presentar información de los supuestos ingresos de éste en una de las “mañaneras”, frente a reporteros y cámaras de televisión.
El repudio en redes y foros fue inmediato, con bastantes voces nacionales e internacionales exigiéndole frenar los abusos y no atentar contra los derechos de este comunicador y de otros que ha incorporado a su embestida, como Carmen Aristegui y Jorge Ramos, violando con ello disposiciones de la propia Constitución mexicana y de otros códigos vigentes. Sin destacar el nombre de las personas, en un sexenio donde el número de periodistas asesinados amenaza con batir récords, contándose ya cinco en apenas mes y medio de este año, estos excesos son absolutamente reprobables, pues constituyen un gran riesgo para la integridad de esos profesionales, e incluso de sus familias.
Dado que ninguno de sus cortesanos puede controlarlo, el enojo y los deseos de venganza del habitante de Palacio Nacional tendrán consecuencias predecibles, porque de nuevo la libertad de expresión pone en evidencia lo falaz del discurso de honestidad, de tener autoridad moral, de no ser igual a los gobiernos anteriores y de presumir una honrosa medianía.
