Al inicio de esta semana ocurrió otro hecho de tránsito, ahora con un saldo de 18 personas lesionadas, al colisionar dos autobuses en la zona norte de la ciudad de Toluca, uno de los cuales se encontraba detenido a la orilla de la calle. De acuerdo con la información publicada en este diario, entre enero y abril del presente año se han documentado al menos 188 siniestros viales en la capital mexiquense, y de ellos en 10 participaron unidades del transporte público.
Esto corrobora la existencia de un grave problema de salud pública, la mayoría de las veces como resultado del uso indiscriminado del vehículo de motor, de la escasa cultura vial y formal de la gente, y de una autoridad en extremo incapaz e irresponsable. Las consecuencias del fenómeno son múltiples, e inciden directamente en un elevado costo social, no sólo por el número de vidas humanas perdidas y la cantidad de personas lesionadas, sino por los montos económicos involucrados, ya sea por tratamientos médicos, afectación de la productividad o daños en los bienes materiales.
Las estadísticas mundiales al respecto son en verdad alarmantes, pues la OMS habla de un aproximado anual de 1.3 millones de personas fallecidas y de 20 a 50 millones con traumatismos no mortales. El Instituto Nacional de Salud Pública ubica a México en el séptimo lugar mundial y tercero en Latinoamérica en cuanto a fallecimientos ocurridos por este tipo de accidentes, con un promedio de 24 mil al año, principalmente en edades tempranas.
En cuanto a los factores de riesgo, un alto porcentaje es motivado por el ser humano, y entre ellos destacan el exceso de velocidad, los efectos del alcohol o de alguna droga; las maniobras imprudentes; desobedecer la normatividad y las señales de tránsito; no usar los cinturones de seguridad ni los medios de sujeción de los niños; las limitaciones físicas o la inexperiencia del operador; no portar el casco en el caso de los motociclistas; la negligencia de peatones y ciclistas, y ahora las distracciones al conducir y usar al mismo tiempo el teléfono móvil. En mucho menor grado se presentan las fallas mecánicas de tipo no previsible, las malas condiciones climatológicas o el deterioro del camino.
Mención aparte merecen los percances donde participa el transporte público, por cuyo desenlace, no pocas veces trágico, es indiscutible relacionar la generalidad de las causas con el defectuoso comportamiento de los choferes. Los orígenes de tantas situaciones dolorosas parten desde la ineptitud y corrupción de las autoridades al expedir indebidamente una licencia de manejo, no vigilar con eficiencia el orden en la circulación ni aplicar la ley de manera rigurosa, hasta la inconsciencia de los empresarios al no seleccionar ni capacitar adecuadamente a su personal, y tampoco mantener en condiciones óptimas sus unidades.
Por eso, además de soportar esas chimeneas rodantes, se padece un buen número de operadores carentes de pericia y marcados patrones de conducta antisocial, con problemas emocionales, de personalidad e inteligencia, todo lo cual se refleja en frecuentes maniobras peligrosas y agresivas. Para colmo, muchos otros siguen el ejemplo y eso ha convertido a calles y avenidas en cotos exclusivos de impunidad.
Ante sus diversas repercusiones, cada vez más lamentables, el tema debe tratarse con una participación unánime, consciente y decidida. Autoridades y sociedad no pueden permanecer indiferentes, y aceptar que la falta de medidas de prevención se traduzca en el uso irracional de las vías públicas.
