El pasado domingo 26 de febrero, cientos de miles de mexicanas y mexicanos volvieron a llenar las principales plazas del país y algunas del extranjero, en un total de 121, destacando la saturación del Zócalo y el centro de la Ciudad de México. Como se había acordado, la convocatoria fue para protestar en contra del intento de dañar la democracia debilitando al INE, y pedirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar la inconstitucionalidad del nefasto Plan B, propuesto por el ejecutivo federal y apoyado por sus incondicionales.
Por este resultado tan significativo, organizadores y asistentes merecen un amplio reconocimiento, pues han mandado el claro mensaje de estar dispuestos a defender lo establecido en la Ley y su derecho a ejercer libremente su voto. Lejos de sentir temor por las burlas, falsedades y groseras descalificaciones pronunciadas durante las “mañaneras”, la situación de riesgo en el tema obligó a la gente de diferentes edades y condición social a levantar la voz, y rechazar con dignidad y valentía las expresiones dictatoriales.
La periodista Beatriz Pagés, oradora en el evento, hablo de vivirse ahora una emergencia nacional, por lo cual demandó unidad ante los enemigos de la Constitución, que se burlan de la legalidad y de la división de poderes. Vio también en este ejercicio el inicio de la construcción de un gran frente ciudadano, encauzado a ganar las elecciones del 2024, y exhortó a votar en contra de la mentira, la mediocridad y los populismos depredadores y autocráticos, pidiéndole además a los once integrantes de la SCJN no avalar una reforma cuyo destino debe ser el basurero de la historia.
Por su parte, el ex Ministro José Ramón Cossío advirtió en su intervención que desconocer el papel de la justicia, tal como lo prevé la Carta Magna, y argumentar la mera prevalencia de un proyecto político susceptible de ser impuesto a todos, implica para el autor ponerse fuera del orden jurídico sustentado por el propio cargo. A sus ex pares de la Corte les ofreció, en nombre de los ahí presentes, hablarles no con el lenguaje ofensivo del presidente, sino con el de la confianza y el respeto correspondiente a los demócratas, confiando en su disposición y en la capacidad de comprender la gravedad de las decisiones que tomarán, con la finalidad de preservar la vida democrática del país.
Viene ahora librar las respectivas batallas jurídicas, donde habrán de participar, entre otros, los grupos ciudadanos, legisladores, partidos políticos, autoridades electorales y quizá organismos empresariales y colegios de profesionistas. Sin embargo, es también tarea ineludible crear conciencia entre la población, hacerle ver la necesidad de abandonar la pasividad, negligencia y sumisión, ante los intentos de instaurar un régimen autoritario y retrógrada.
En el lado contrario se intensificarán los ataques, tratando de desacreditar una lucha a todas luces justa. Por lo pronto, en respuesta fallida a la concentración del 26F, ya se promueve un magno acarreo para llenar el centro capitalino el próximo 18 de marzo, cuando se conmemora el decreto de expropiación de 1938, no del petróleo, sino de los terrenos, construcciones, maquinaria y equipos de las empresas extranjeras que lucraban con ese recurso natural y se negaron a acatar un laudo oficial.
Ese día 18, en el apoyo a una administración destructora y con pésimos resultados, la consigna implícita será: el mal gobierno no se toca.
Ingeniero civil, profesor de tiempo completo en la UAEM.
