A unos días de concluir el ciclo escolar 2021 – 2022, la Secretaría de Educación Pública (SEP) modificó la forma de evaluación de los alumnos de primaria y secundaria. Según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se deberá evaluar a quienes hayan tomado clases en las modalidades a distancia, mixto o presencial, y para integrar los puntajes se considerarán trabajos, tareas, actividades adicionales y la condición particular de cada estudiante. Asimismo, no se incluirá el criterio del 80% de asistencia en su acreditación y promoción de grado, y en todos los casos las calificaciones asentadas en las boletas no podrán ser inferiores a 6, en la escala de diez.
El mandato, dicen, tiene entre sus objetivos mitigar los efectos negativos de la pandemia en los aprendizajes, facilitar y flexibilizar el ingreso, la permanencia, el tránsito y el egreso en los diversos tipos y niveles, así como coordinar las acciones tendientes a identificar, atender y prevenir el abandono escolar.
Sin embargo, estos argumentos han sido cuestionados por maestros y organizaciones de padres de familia, al ver en ellos varias consecuencias negativas, entre las cuales se mencionan estimular la falta de compromiso e ir en contra de la cultura del esfuerzo; no considerar la importancia del estudio; no adquirir competencias; propiciar frustraciones debido al bajo rendimiento en los siguientes ciclos y, en suma, generar un mayor rezago educativo.
Por desgracia, la burocracia de la SEP continúa afectando la misión formativa en el país, y sus errores se traducen en imponer malas decisiones, ahora en perjuicio de una correcta evaluación del aprovechamiento de niños y jóvenes. Obviamente, esto no debiera surgir de las típicas ocurrencias populistas, pues, desde un enfoque profesional, se trata de un proceso sistemático, continuo y multidimensional, mediante el cual se abordan, entre otros factores, el desempeño de docentes, educandos y autoridades; contenidos y metodología; planeación y programación; el currículo y la valoración misma, a fin de registrar el logro de los objetivos propuestos y, en su caso, proceder a realizar los ajustes o adecuaciones necesarias, en favor de una mejora continua.
Las experiencias derivadas de la epidemia bien pudieron emplearse en la elaboración de distintos criterios, acerca del cómo, cuándo, por qué y para qué medir los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos, lo que implicaría tener como base una teoría moderna y eficaz. Es decir, más allá de sólo limitarse a validar el nivel alcanzado de los aspectos elementales, tomar en cuenta, en diferentes momentos, el grado de dominio logrado en la adquisición y desarrollo de los saberes, incluyendo actividades y problemas reales o simulados, propios del contexto.
En resumen, la obligación consistía en definir con precisión los temas a calificar, aunado a la construcción de indicadores desde una visión integral y con estándares académicos puntuales; el tipo de evidencias involucradas; las estrategias e instrumentos de comprobación; el análisis de la información y las formas no sólo de retroalimentar a los estudiantes, sino de crear en ellos espacios de reflexión con respecto a procedimientos empleados y soluciones obtenidas.
Lamentablemente, el gobierno federal no tiene entre sus prioridades elevar la calidad educativa, y menos le importa preparar a los jóvenes para un mañana de mejores oportunidades, donde se reconozca el talento y su contribución al progreso de una sociedad renovada.
Ingeniero civil, con posgrados de maestría y doctorado.
Profesor de tiempo completo en la UAEM.
