Desde sus niveles básicos, la educación en México presenta muchas deficiencias, y ello se refleja en los resultados de las mediciones internacionales, donde la costumbre es ocupar los últimos lugares. En gran parte esto se debe a un sistema mediocre, simulador e irresponsable, que daña severamente no sólo el futuro de un enorme porcentaje de niños y jóvenes, sino el de la propia nación.
Mientras en los países de avanzada se consolida la llamada sociedad del conocimiento, aquí se siguen soslayando las modificaciones importantes en los modos de producción, difusión y uso del saber. Los efectos de la economía mundial inciden en todos lados, y ello da lugar a nuevas exigencias, ante el requisito de cambiar los procesos de enseñanza, actualizar contenidos, modernizar equipos e instalaciones, capacitar a la planta docente y erradicar la ineptitud en los puestos directivos.
Las universidades públicas enfrentan también una serie de retos y limitaciones, cuando se trata de formar el capital humano y estructurar proyectos significativos en favor del progreso. Por eso, el estudio de una profesión o de un posgrado debe adecuarse a una serie de lineamientos estrictos, con el fin de aportar las respuestas idóneas a las demandas de la población.
Sin embargo, en lugar de atender los numerosos pendientes en esta asignatura, el gobierno federal proclama una ocurrencia más, ahora con la creación de las 100 Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, las cuales funcionarán a partir de este año, en apego a la reforma ya aprobada por los inteligentes legisladores. Se habla así de establecer varias carreras en 31 entidades federativas, aunque, según distintas versiones, esto se hace sin haberse realizado un análisis profundo sobre los alcances de la decisión, y sin contar con los elementos académicos y de infraestructura adecuados y suficientes.
Con justificada razón, se duda de la efectividad de tal medida, sobre todo cuando se tiene presente la mala fama de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, creada precisamente por el actual presidente durante su gobierno en la capital del país. Evidencia del desastre se tiene en el resultado de un comparativo entre 35 universidades, dado a conocer hace unos días por el Centro de Estudios Educativos y Sociales.
El informe corrobora los bajos indicadores de desempeño y calidad de dicho espacio, pues, por ejemplo, la eficiencia terminal es apenas de 8.4 por ciento, contra el 62.3 de la Autónoma Metropolitana, o del 58.6 del IPN. En el rubro de la inversión el panorama es terrible, y sólo en el periodo de 2009 a 2017 cada egresado costó en promedio 2 millones 345 mil pesos, y cada titulado 3 millones 304 mil pesos; algo equivalente al monto de una matrícula en el extranjero (como referencia, una carrera cursada en la Universidad Iberoamericana cuesta entre uno y 1.5 millones de pesos).
Si bien es prioritario ampliar la cobertura educativa, es obvio que debe hacerse de manera racional, con el empleo de insumos valiosos, y no derivado de criterios populistas; mucho menos derrochando el dinero público, ni dando la impresión de promover lugares de adoctrinamiento o validar cartones académicos únicamente con la bendición de la palabra oficial.
juancuencadiaz@hotmail.com
