En poco más de once años, el Ejército, la Marina y la Policía Federal no han podido someter al crimen organizado. El trasiego de drogas no ha decrecido y hay más violencia en las calles. ¿Es posible intentar algo diferente?
La nueva Ley de Seguridad Interior, aprobada por el Congreso de la Unión y en vías de ser promulgada por el presidente Peña Nieto no pretende lograr eso ni contiene una estrategia diferente, pues sólo trata de regularizar la actuación de las fuerzas armadas en funciones que eran exclusivas de la policía.
Después del gasolinazo de enero, la aprobación de esta ley es la medida que está poniendo mayor distancia entre el poder público y los ciudadanos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos −CNDH− decidió apoyar las gestiones del organismo Amnistía Internacional para solicitar que el jefe de la nación, en uso de sus facultades, interponga su veto para impedir que la ley entre en vigor antes de ser revisada y reestructurada convenientemente. Un buen número de personajes prominentes y de organizaciones no gubernamentales se han puesto también de ese lado.
¿Qué va a suceder ahora? Los legisladores no encontraron en el cuerpo de la ley nada que, a su juicio, pueda dañar al país e inquietar a los ciudadanos; sin embargo, los que se oponen han anticipado ya que llegarán hasta la Suprema Corte de Justicia para agotar todos los recursos legales a su alcance, pero hasta hoy no se ha visto que en un asunto de tanta importancia el tribunal supremo le enmiende la cartilla al Ejecutivo.
Lo que la ley pretende es darle al Ejército una base legal para hacerle el trabajo a la policía y a los órganos procuradores de justicia. En ese punto, la inquietud de la milicia ha sido muy clara en el sentido de que no fueron ellos –soldados y marinos− los que decidieron salir de los cuarteles para ir a perseguir a los narcotraficantes, sino que fue una orden del Ejecutivo, en la época del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, la que rompió las hostilidades anunciando a la nación que estaba iniciando una guerra, así que la ley en mención no permite intentar nada ahora que no se haya intentado antes.
De eso se trata. Que de hoy en adelante, el Ejecutivo disponga de las fuerzas armadas sólo en casos necesarios y de acuerdo con una reglamentación específica que señale paso a paso lo que el Ejército puede o no puede hacer entre la población civil.
El temor de los inconformes consiste en que la ley, tal y como está, pueda originar abusos de poder dejando a discreción de un solo poder, el Ejecutivo, el empleo de una maquinaria bélica que igual pueda ser usada para bien o para mal, según las circunstancias, en el presente o en el futuro.
Se recuerda la mala experiencia vivida con el famoso artículo 145 del Código Penal, referente a la disolución social, que fue aprobado cuando México estaba en guerra contra las potencias del Eje y era necesario proteger los intereses nacionales contra intromisiones extranjeras y actitudes sospechosas de connacionales que pudieran conspirar contra la paz y la integridad de la nación, pero que después, terminada la guerra, se convirtió en instrumento de espionaje y represión contra los propios mexicanos, como en los casos del líder ferrocarrilero Demetrio Vallejo, el muralista David Alfaros Siqueiros y algunos más.
Nada de eso sucede ahora, pero con base en el archivo de la memoria, es mejor poner la ley a punto para que garantice realmente la seguridad interior y no contenga gérmenes represivos que, en circunstancias diferentes, pudieran manifestarse.
