En política, los tiempos son fatales
Ni antes ni después, sino en el momento más oportuno. Si los hechos se adelantan, pudiera ser que surjan o provoquen reacciones opuestas que malogren lo que se pretende hacer. Si se retrasan, podría suceder que lo que se intenta ya no tenga los efectos deseados. Quizá por eso, se afirma que gobernar es toda una ciencia y todo un arte.
Afirmo lo anterior, porque el virtual presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, no ha esperado los tiempos que las formas requieren para anunciar lo que será su gobierno. Pasadas apenas unas horas de la elección, antes de ser declarado presidente electo, se reunió con el presidente Peña para fijar los términos de la transición del gobierno; inmediatamente después, con los empresarios, con quienes asumió compromisos; de igual forma, con los gobernadores del país en funciones, a quienes les dio a conocer decisiones trascendentales; y apenas hace unos días, con funcionarios del gobierno americano del más alto nivel, con quienes abordó temas tan delicados como el TLC, los problemas de la migración y de la seguridad nacional de ambos países.
Acorde con esas reuniones, de las que al parecer ha salido bien librado -así lo han reconocido propios y extraños- López Obrador se ha apresurado para anunciar diversas acciones que resultan ser de gran importancia para el país -primero fueron 12, poco después se ampliaron a 50- como las que a continuación refiero: la desaparición de las delegaciones federales y la creación de las coordinaciones estatales; la reubicación de las secretarías del gobierno federal en el territorio nacional; y la decisión de bajar los sueldos del personal de confianza y de que nadie ganará más que el presidente de la República, entre muchas otras.
El simple anuncio de la primera de esas tres medidas trajo consigo un buen número de críticas por parte de los partidos políticos y gobiernos estatales, pues independientemente de la pertinencia de concentrar amplios recursos y atribuciones en una sola persona, ven en ésta medida la clara intención de convertir a estos coordinadores estatales en francos aspirantes a gobernadores de sus estados, como es el caso en el Estado de México donde ha sido propuesta la maestra Delfina Gómez Álvarez; la segunda, ha empezado a despertar inquietud, nerviosismo y zozobra entre el personal de las dependencias del gobierno federal, tanto que el dirigente de la FSTSE, senador Joel Ayala Almeida, ha advertido de que si este cambio es contrario a sus agremiados, se opondrá; y en cuanto a bajar el sueldo de la alta burocracia y de que nadie ganará en el país más que el presidente de la República -que será de $108,248.00-, las reacciones están a la vista.
Según datos publicados por el Universal del pasado miércoles, sólo en el gobierno federal hay más de 35 mil servidores públicos que ganan por encima de ese sueldo; faltan los de los gobiernos estatales y municipales. ¿Estos servidores públicos estarán satisfechos en que se les baje el salario para no rebasar el tope presidencial, cuando su estilo de vida está programada conforme a su ingreso? ¿Y qué pasará con el salario de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás personal del poder judicial cuyo salario está muy por encima del monto que ganará López Obrador como presidente? El tema obligó al presidente de la Corte, Luis María Aguilar a declarar que la remuneración de los ministros de la Corte, los magistrados de circuito, jueces de distrito y consejeros de la Judicatura Federal del Poder Judicial, por mandato constitucional, no se le puede disminuir durante su encargo. Se avizora un desencuentro inevitable.
El anuncio de esas medidas, ¿se hizo en el momento oportuno, en el momento que aconseja la ortodoxia política? Evidentemente que no. Fue a mi juicio en el momento y en las circunstancias más inoportunas: las reacciones están a la vista. ¿Qué necesidad hay de “poner lumbre antes de tiempo”, como dijo Fox, o de “calentar la plaza”, como ahora suelen decir los hombres del crimen?
