Las declaraciones que hiciera Luis Alberto Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México, a fiscales brasileños, en el sentido de haber entregado a Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex, diez millones de dólares a cambio de que fuera beneficiada dicha empresa con la ejecución de obras, constituye una bomba de tiempo y una auténtica prueba de fuego para el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y de manera particular para la Fepade, la Fiscalía Anticorrupción y la Secretaría de la Función Pública que son parte fundamental de éste.
La noticia fue publicada en días recientes por O’ Globo, el periódico más reconocido y de mayor circulación en Brasil, precisando cuándo, cómo y a cambio de qué la constructora brasileña Odebrecht entregó dicha cantidad a Emilio Lozoya. Por sus alcances, la publicación de este hecho, aunque ya era sabido desde 2016, ha empezado a adquirir la fuerza de un huracán, categoría cinco, opacando incluso la imagen arrolladora que el PRI desplegó durante su XXII Asamblea Nacional. Por la precisión con que el exdirector de Odebrecht declara ante los fiscales brasileños, y la bien ganada fama de esa empresa constructora por acciones de corrupción de ese tipo, deja muy poco margen para dudar de que esos hechos no sean ciertos, a pesar de que el exdirector de Pemex manifieste una y otra vez que sean falsos.
El caso Lozoya podría ser uno más de los muchos casos de corrupción que últimamente han conmocionado a la opinión pública, como el de los exgobernadores de Veracruz, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Quintana Roo y otros tantos, cuyos escándalos se han venido apagando poco a poco; sin embargo, este asunto, por sus implicaciones, reviste singular importancia, pues toca una vez más a la institución más emblemática del país: la Presidencia de la República.
Los datos publicados en los medios informativos y en las redes sociales parecen contundentes: los primeros cuatro millones de dólares le fueron entregados a Lozoya, a principios de 2012, cuando éste se desempeñaba como coordinador de Vinculación Internacional en la campaña del candidato del PRI, Enrique Peña. El dinero empezó a fluir a cuentas bancarias relacionadas con el exdirector de Pemex, a partir de abril de 2012 y se interrumpieron en junio del mismo año, periodo que coincide con los meses de campaña del entonces candidato a la Presidencia de la República, coincidencia que abre en al ámbito nacional e internacional una gran interrogante. Y los otros seis millones de dólares, cuando Lozoya ya era director general de Pemex, a cambio de ser favorecida la empresa brasileña con el otorgamiento de obras, que finalmente se dieron en 2013 y 2014, con motivo de la ampliación de la refinería de Tula, Hidalgo.
El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, acaba de informar que esa Fiscalía ha iniciado las investigaciones sobre el presunto financiamiento de la constructora brasileña Odebrecht a la campaña del presidente Enrique Peña. La PGR, por su parte, aun sin Fiscal Anticorrupción, citó al exdirector general de Pemex a declarar, en calidad de imputado, sobre la supuesta recepción de sobornos de Odebrecht; al término de la comparecencia, el procurador general, Raúl Cervantes, manifestó que se aplicaría todo el peso de la ley. En cambio, no se ha sabido que Arely Gómez, titular de la Secretaría de la Función Pública, haya iniciado alguna investigación sobre este asunto que también le corresponde, pues si bien Lozoya en 2012 no era servidor público, sí lo era en 2014, cuando supuestamente recibió los últimos seis millones de dólares. Quizá está esperando a que se lo ordene el presidente Peña, como lo hizo con su antecesor Virgilio Andrade, en el caso de la Casa Blanca.
Mientras en México, las instituciones responsables empiezan a investigar este caso, impelidos básicamente por la presión pública nacional e internacional, en otros países, por similares actos de corrupción de la empresa Odebrecht, ya se encuentran en proceso por lo menos 20 funcionarios del más alto nivel, entre ellos: el expresidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva; el expresidente de Perú, Ollanta Humala y su esposa; y el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina.
¿Qué sucederá cuando la PGR disponga de toda la información que le entregue su homóloga brasileña, donde los altos funcionarios de Odebrecht develan los sobornos que entregaron a Lozoya? ¿Actuará la Fepade? ¿La Secretaría de la Función Pública se atreverá? ¿Y la PGR? Lo habitual es que el hilo se reviente por lo más delgado; en ese sentido se aplicaría todo el peso de la ley a Emilio Lozoya y ¿al Presidente de la República? A él, la Constitución lo salva: el Presidente sólo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves. Afortunadamente (sic) la corrupción en nuestro país no es un delito grave.
Romeromisael68@gmail.com
