Hace unos días, el presidente del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, exgobernador del Estado de México, dio a conocer, de manera sorpresiva, que solicitará a esa Cámara crear una Comisión Especial para investigar el origen de la fortuna de Ricardo Anaya, presidente del PAN, con base en las denuncias ciudadanas que se han venido presentado. Pocos días después, en apoyo de tan inusitada propuesta y para no quedarse atrás, el presidente del PRI, Enrique Ochoa, declaró a los diversos medios informativos, que su partido exigiría que se investigaran los bienes de todos los presidentes de los partidos políticos, incluyéndose a sí mismo.
Ya metidos en esta impetración justiciera del exgobernador del Estado de México y del presidente del partido más denostado, me pregunto ¿y por qué investigar únicamente la fortuna de los presidentes de los partidos políticos? ¿Qué acaso, los presidentes de los partidos son los únicos que podrían amasar dudosas fortunas? ¿No sería más meritorio que la comisión legislativa que se pretende crear se avocara a investigar también el origen de las fortunas de los altos funcionarios del gobierno?
En esta ilusoria labor de purificación republicana deberían entrar, sin excepción alguna, todos, todos aquellos servidores públicos a quienes el pueblo señala que se han enriquecido ilícitamente con motivo del ejercicio de la función pública: el presidente y expresidentes de la República, los secretarios y exsecretarios de Estado, los gobernadores y exgobernadores, los presidentes y expresidentes municipales, los directores y exdirectores de organismos descentralizados, incluso los rectores y exrectores de casas de estudio. Imposible tarea: no habría el número suficiente de fiscales anticorrupción, ni jueces para sancionar.
Con independencia de que sea viable o no la propuesta priista, por tratarse de particulares como lo son los presidentes de los partidos políticos, me parece que de crearse dicha Comisión, fuera no sólo para investigar el origen de la riqueza de los presidentes de los partidos, sino, como lo refiero, de muchos servidores y exservidores públicos del más alto nivel. Se estaría poniendo el dedo índice en el punto neurálgico en que se genera gran parte de la corrupción en México. Si esto no es así, que los desmientan los exgobernadores, pertenecientes a diversos partidos, que por actos de corrupción y nexos con el crimen organizado, unos están presos, otros a salto de mata evadiendo la justicia, algunos están amparados o siguen su juicio en libertad, algunos más permanecen en el extranjero esperando ser extraditados, y los que no, han sido exonerados por sus amigos procuradores de justicia o permanecen calladitos, sin hacer ruido, esperando que caiga la sombra protectora del tiempo.
Si la antedicha Comisión se creara con tales alcances, creo que nuestros legisladores recibirían el aplauso unánime de los mexicanos, pues es lo que han venido demandando todos los días, sin que realmente interese a quienes tienen los instrumentos legales para hacerlo. México daría un ejemplo al mundo de que realmente quiere y puede combatir la corrupción gubernamental que lo ubica, hoy por hoy, entre los países más corruptos del mundo.
Sin embargo, dejemos de soñar por hermoso que sea. Seamos realistas: ni la Comisión Especial que proponen los priistas se creará, por improcedencia legal e impertinencia política, ni la que plantea un quijotesco soñador, por irreverente.
La propuesta del presidente del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados y del dirigente de ese partido, será tema mediático unos cuantos días; después, pasará a la reseña de las anécdotas que sirven para llamar y distraer la atención de la opinión pública, como lo fue la reciente promesa del mismo dirigente priista, de entregar los 258 millones de pesos que el INE adeuda a ese partido en 2017 y el 100% de los recursos que le corresponderían en 2018, para la reconstrucción del país con motivo de los sismos de septiembre, y asimismo de que promovería ante el Congreso una reforma constitucional para desaparecer el financiamiento público a los partidos, así como los diputados y senadores plurinominales. Fue tema que atrajo la atención de la gente hacia el PRI por varios días; a la fecha, tales ofertas ya se olvidaron, pero dejaron, en una parte importante de la población, la imagen de un partido que aparentemente se solidariza con la gente en desgracia.
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