Por fin, pensionados del Issemym alzan la voz: en “Carta abierta de los viejitos…”, publicada en este medio el pasado 14 de los corrientes, algunos pensionados del Issemym, encabezados por Everardo López Pérez, quien intencionalmente firma al final de todos, como queriendo pasar inadvertido, le plantean al señor gobernador Alfredo del Mazo, al presidente del Tribunal Superior de Justicia y a otros altos funcionarios, en nombre de todos los pensionados y pensionistas (sic), diversos problemas, solicitándoles su intervención a fin de que éstos les sean resueltos.
La carta llama la atención sólo por su tamaño -toda una plana a renglón cerrado y letra pequeña-, pero su texto deja mucho que desear. Le demandan al gobernador de todo: que se otorgue capacitación a la policía, a los agentes del ministerio público y a los maestros; a éstos últimos, que sean evaluados y se les incremente su salario; que el Ejecutivo deje de sugerir candidatos a diputados y que éstos dejen de inventar leyes; le interrogan, incluso, si le hará rendir cuentas a Eruviel Ávila Villegas por el desfalco en que dejó al gobierno. En fin, toda una serie de peticiones, algunas atinadas y otras desatinadas.
No obstante el embrollo de sus peticiones, en la segunda parte de su carta abierta, los “viejitos” plantean al director del Issemym problemas que sí son de su incumbencia y que, por el respeto que les tengo a los pensionados, bien merecen ser comentadas. Le reclaman: ¿Por qué los dictámenes de jubilación tardan de dos a tres años? ¿Por qué se han suspendido los préstamos de corto y mediano plazo? ¿Por qué la existencia de “farmacias dispensadoras” de medicinas? ¿Por qué los medicamentos que se les entregan son manoseados y no son de patente? ¿Por qué el terreno que ocupa una cuadra, entre Felipe Villanueva y Horacio Zúñiga, donde se construiría la Casa de los Pensionados y cuya primera piedra fue colocada por el entonces gobernador Alfredo del Mazo Vélez en 1956, ahora lo ocupa una guardería y una clínica odontológica? Además, le piden que les informe sobre las “pensiones por gracia” que han venido otorgando los gobernadores anteriores, las cuales son una carga adicional para el Issemym.
Como se puede observar, todas estas irregularidades que desvelan “los viejitos”, todas son reclamos justos que debieran ser atendidos por las nuevas autoridades del Issemym, pues atañen a su salud y bienestar, y que en otras ocasiones han sido expuestas, en esta misma columna, por quien esto escribe. Sin embargo, la que más llama la atención, de todas ellas, es la relativa a las “pensiones por gracia” que se han venido concediendo y que poco se sabe de ellas.
Haciendo un poco de historia, estas pensiones se han venido dispensando desde la época del gobernador Carlos Hank González; es decir, desde hace cerca de cincuenta años. El tiempo que ha pasado desde entonces y el monto que se ha erogado por éstas, plantea interrogantes que requieren repuesta: ¿Tienen algún sustento legal estas pensiones? ¿A quiénes se dan? ¿Qué cantidades de dinero se les asigna? ¿A qué presupuesto que carga?
Las pensiones de los servidores públicos del Estado y municipios son un derecho: se encuentran reguladas por la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios; este ordenamiento establece los requisitos, los montos y los tiempos para concederse; su otorgamiento no es un acto discrecional del director general del Issemym; son autorizadas por acuerdo de su Consejo Directivo. En cambio, las famosas “pensiones por gracia”, que se sepa, no están reguladas por ordenamiento legal alguno: los gobernadores en turno, desde hace ocho sexenios, en un acto personalísimo, las han venido concediendo con cargo, unos dicen que al erario estatal y otros al del Organismo. Cualquiera que sea éste, el Issemym soporta la prestación de los servicios médicos de esos jubilados y familiares.
¿Quiénes han sido los beneficiarios? Se dice -pues la información que existe se tiene bajo resguardo- que algunos beneficiarios son exservidores públicos cuyas pensiones son bajas; otros que no llenaron los requisitos de ley; y los más, que ni servidores públicos fueron, es decir, que no generaron ningún derecho. Lo peor del caso -se sigue diciendo- entre los pensionados “por gracia” se han encontrado y se encuentran personas cercanas al afecto del gobernante en turno.
Sea lo que sea, ¿no creen amigos que es momento de transparentar la filantropía del gobernante, ahora que se cuenta con un nuevo Sistema Anticorrupción, con órganos de control, fiscalías y tribunales autónomos para exigir el cumplimiento de la ley?
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