El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (Infoem) emitió un extrañamiento público al ayuntamiento de Zinacantepec, por el incumplimiento de diversas obligaciones en materia de transparencia.
Además, impuso 126 medidas de apremio por incumplimiento total o parcial de resoluciones a recursos de revisión; la mayoría fueron apercibimientos y algunas amonestaciones públicas.
Del total de las medidas, 96 consistieron en apercibimientos a diversos servidores públicos: tres a personas que laboran en el Ejecutivo, 71 a titulares de unidades de transparencia municipales, ocho a organismos de agua municipales y 14 a organismos DIFs municipales.
También impusieron 30 amonestaciones públicas a diversos servidores públicos, y de ellas, dos fueron a empleados del Poder Ejecutivo, 24 a titulares de unidades de transparencia de los ayuntamientos, uno a un organismo de agua municipal y tres a DIFs municipales.
El pleno aprobó este miércoles el Comité de Planeación de ese instituto, un Programa Interno de Protección Civil, el cuál será de aplicación obligatoria para todas y todos los servidores públicos y las personas usuarias, pues establece medidas y posibles respuestas a escenarios de emergencia para crear una cultura de protección civil más amplia. Las y los comisionados también avalaron el dictamen de estados financieros y presupuestales del 2022
El pleno avaló los recursos de revisión a respuestas de sujetos obligados, con votos particulares en algunos temas, como la clasificación del cargo de elementos de seguridad pública, pues la comisionada María del Rosario Mejía consideró que la entrega de esa información no los hace identificables, ni pone en riesgo su vida o su integridad, y por la importancia de su labor, la ciudadanía debe tener certeza de su actuar.
También consideró que dar el dato de un servidor público absuelto no genera un perjuicio, y en cambio, abonaría a la rendición de cuentas y no estuvo de acuerdo en el cobro de copias; mientras en otros asuntos, la comisionada Sharon Morales consideró que el currículum permite a la ciudadanía valorar la trayectoria profesional y académica, pero en el caso de las personas electas por el voto popular no hay obligación de entregar la información.
Gustavo Parra hizo votos disidentes, pues consideró que los ayuntamientos deben tener información sobre la conciliación en nómina, pues forma parte de los informes que se entregan al Órgano Superior de Fiscalización.
También hizo votos particulares, pues no estuvo de acuerdo en que se clasifique el cargo de elementos operativos de seguridad pública, ya que ese dato no pone en riesgo ni la vida, ni la salud de servidores públicos y permite la rendición de cuentas.
Además, opinó, la firma de servidores en documentos públicos debe ser pública, no estuvo de acuerdo en reservar el nombre de servidores absueltos, pues no les afecta en su honor y opinó que debe privilegiarse el principio de gratuidad.
El pleno también aprobó recursos de revisión contra la respuesta de sujetos obligados y resoluciones por segundos recursos de revisión.
