El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México y Municipios (Infoem) ha recibido en este año más de 51 mil solicitudes de información, un promedio de cinco mil cada mes, relacionadas principalmente con gastos como: salarios, viáticos, prestaciones, es decir, información considerada pública de oficio que las autoridades no cumplen con hacer pública en sus portales de transparencia.
La mayoría de las peticiones se han hecho a municipios y las solicitudes tienen poco más de un 30% de insatisfacción, pues ese porcentaje es el que se convierte en recursos de inconformidad porque la gente no queda satisfecha con la primera respuesta. Además, hay negligencia en algunos entes que no cumplen con sus obligaciones, como queda demostrado en los resultados de las verificaciones.
Durante una entrevista con El Sol de Toluca, el comisionado presidente del Infoem, José Martínez Vilchis advierte que el acceso a la transparencia y a los datos personales están en proceso de maduración, pero nadie tiene pretexto para no cumplir y también las autoridades han impuesto 789 medidas de apremio por el incumplimiento en materia de transparencia y acceso a la información.
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Alerta que es necesario respetar la existencia de los institutos de transparencia, un tema que se pretende revisar en el ámbito nacional, pues sería delicado pensar en que dejen de ser entes autónomos, ya que aun con fallas, sirven y es necesario protegerlos, difundir los derechos, impulsar acciones de mejora, entre otras.
El primer año, explica, ha sido muy intenso para las y los cinco comisionados, pues apenas el 10% de las personas saben que tienen los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, pero el Infoem apenas tiene 18 años.
Destaca que han realizado capacitaciones para recordar las obligaciones que tienen los sujetos obligados, la información que deben subir a las plataformas, y han realizado certificaciones, convenios que han firmado con instituciones como el Órgano Superior de Fiscalización.
-¿Cómo va el cumplimiento?
El año pasado tuvimos 60 mil solicitudes de información y este año, en siete meses llevamos 51 mil, un ritmo de cinco mil mensuales y vamos a rebasar las del año pasado. De esas 51 mil de este año 39 mil 44 son de ayuntamientos, el 70% aproximadamente hay mayor interés y se entiende porque es la instancia de gobierno más cercana.
-¿Qué es lo que más se solicita?
Lo que la gente pregunta más son los sueldos, sueldos de funcionarios públicos, viáticos, prestaciones, direcciones, directorios, perfiles. A la gente le interesa ver cómo están gobernando.
-Pero todo esto es información pública de oficio. ¿No la están subiendo?
Sí, la están subiendo a un ritmo no óptimo, por decirlo de una manera fina, las instancias gubernamentales. Hacemos verificaciones y damos reconocimientos para estimular; unos son muy puntuales, otros reiteran su negativa. Hay de todo.
-¿Principalmente municipios?
Sí, en municipios se concentra mucho y Metepec es el que más solicitudes tiene. Después de los ayuntamientos el segundo es el Poder Ejecutivo con ocho mil solicitudes, dos mil de órganos autónomos en general. El Poder Legislativo tiene 426, el Judicial 520, hay para partidos políticos 285 y a sindicatos 183.
El comisionado recuerda que cuando las personas sienten que no les contestaron adecuadamente pueden promover recursos de inconformidad.
-¿Y cómo van los recursos?
De los 39 mil que han recibido los ayuntamientos, once mil se vuelven recursos, arriba del 30% donde la gente no se conforma con la primera respuesta.
Advierte que realizan una labor intensa, aunque hay quienes crean que el Infoem debería tener menos personal, pero considera que en esa instancia no se justificaría una disminución y advierte sobre un menosprecio al servicio público.
-¿Cuánto personal tienen?
De 290 a 300 para atender el derecho a la información, la protección de datos y los archivos que son usados para una buena respuesta del servidor público. En muchos países esto se lleva en instancias separadas.
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-¿Y no han tenido aumentos? No, más bien sugerencias de disminuciones y continúan. Creo que es correcto, hay otras cosas que atender, pero hay un menosprecio al servicio público en general que es peligroso. No creo que esté bien que el servidor público gane poquito y vaya ganando menos, ese es un grave error.
Lo digo como especialista en administración pública. No he visto ninguna investigación que diga que reduciendo al servicio público vas a tener un buen resultado. Disminuyendo el sueldo al servidor público no van a llevar a ningún lado correcto, van a ir a un deterioro en el servicio público.
-¿Cuáles son los principales retos en materia de protección de datos personales?
Los sectores más vulnerables son los menores y los jóvenes, los que usan más las redes, son los más expuestos a problemas, por eso hasta hicimos un diseño de un villano roba datos para los niños, lo llevamos a la SEP y lo animaron. Las capacitaciones han sido muy intensas.
Además, se trabaja mucho en el gobierno abierto, es muy relevante que el gobierno se abra al público. Nos tocó hacer el primer Plan de Acción local, junto con varias áreas de gobierno, cada uno con compromisos específicos.
Los municipios de Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Huixquilucan y Villa Guerrero se comprometieron con cartas de manifestación de interés para implementar un secretariado de gobierno abierto.
¿Y cómo va el cumplimiento?
Al primer semestre del 2022 los cinco que mejor han cumplido con sus obligaciones de transparencia son Santo Tomás 96%, Ixtlahuaca 95%, Metepec 88%, Tenancingo 80% y Almoloya de Juárez 76% y los de menor porcentaje son: Sultepec con 35%, Amatepec, con 18%, Zacazonapan, 13%, Almoloya del Río con 8% e Ixtapan del Oro con el 1.8%.
-¿Cuándo tendrán todos los resultados?
En septiembre se tiene que terminar, se analiza y en noviembre podrían estar.
-¿Tienen algún argumento para no cumplir?
No, no tienen porque han estado en capacitaciones, conocen la ley, las obligaciones. Es negligencia.
-¿Hay desinterés?
No es natural al ser humano dar su información y si sabe el servidor público que eso lo puede sujetar a un proceso administrativo o judicial les da más miedo, pero no los exime de su obligación; tienen que cumplir.
-Muchas veces se critica que no pasa nada ¿ Hubo consecuencias?
En la ley se señalan tres medidas de apremio: apercibimiento, amonestación y multa, en ese orden. El contralor primero los apercibe si no cumplen, luego los amonesta y finalmente los puede sancionar económicamente. Se hace una revisión de su trayectoria para ver cómo se ha comportado.
Nosotros sí hacemos extrañamientos públicos y en el pleno hemos emitido nueve, de ellos: dos a Tezoyuca, uno a Hueypoxtla, uno a Capulhuac, uno a Chicoloapan, uno a Valle de Chalco, dos a Otumba y uno a Ecatepec.
Hasta ahora el contralor ha emitido 789 medidas de apremio no necesariamente a autoridades actuales, y de esas, 750 apercibimientos, 38 se han traducido en amonestaciones públicas y una multa de casi 15 mil pesos a Chicolopan y realizado 246 denuncias administrativas ante diversas contralorías internas de los sujetos obligados para que inicien procedimientos de responsabilidad.
-¿Cuáles han sido las principales causas?
Básicamente por no cumplir las obligaciones, como no publicar información o no responder solicitudes.
-¿Qué argumentan?
Hay municipios que dicen que no tienen dinero para nada, estamos viviendo una etapa muy difícil, quienes se endeudan dejan de rodillas a las siguientes administraciones e inician sin dinero o se endeudan. Falta que no haya tanta impunidad en las entregas de gobiernos.
-¿Cuáles son los principales retos que tienen en este año?
La difusión de los derechos que es una tarea permanente, de acciones de gobierno abierto, seguir con las capacitaciones, contestar solicitudes y recursos que llegan al instituto, motivar a los sujetos obligados, una revisión en el sistema y en las plataformas para mejorar el servicio.
