Desprestigiar puede ser una estrategia eficaz para acabar con un enemigo, pero inútil por sí misma para construir una política pública; justificar la concentración de poder o intentar mermar la calidad de un derecho fundamental como es la educación
Últimamente el gobierno federal elimina políticas públicas y pretende desaparecer instituciones, con el único argumento de acabar con la corrupción. ¿No sería mejor aplicar el peso de la ley a quien la haya infringido, en lugar de descalificar a toda una institución y borrar de un plumazo los avances logrados?
De lo contrario, viene la suspicacia: ¿por qué el actual gobierno federal disminuyó el presupuesto de contrapesos como los organismos constitucionales autónomos, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, facultado para realizar consultas populares?, ¿sería para mantenerse como juez y parte en las consultas públicas que realiza para decidir si cancela la construcción de un aeropuerto o si echa a andar un tren en medio de la selva?
¿Por qué –aunque corrija en el camino- comete “errores”, como disminuir el presupuesto a las universidades públicas o eliminar la fracción que tutela la autonomía universitaria en la iniciativa de reforma constitucional que envió el presidente de la República a la Cámara de Diputados?
Hoy el gobierno federal tiene en el centro de su interés la educación superior y esa es una gran oportunidad para erradicar la corrupción, sí, pero también lograr que sea de calidad y garantice un trabajo digno y bien pagado a los jóvenes que egresan de nuestras instituciones públicas.
Para muestra, un botón: la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) ocupa el tercer lugar nacional por el número de programas de estudios profesionales reconocidos por su calidad y se encuentra entre las diez con mayor número de programas de posgrado acreditados por el CONACyT.
Se requiere voluntad y presupuesto, lo que no exime a nadie de la obligación de transparencia y rendición de cuentas. Como dijo el rector de la UAEM, Alfredo Barrera: “La autonomía universitaria no es coto, ni escondrijo; por el contrario, la institución misma abierta a la pluralidad; la institución a la cual la sociedad reconoce y confía el futuro y las más caras esperanzas de sus hijos”.
Pero el verdadero impulso a la autonomía universitaria, que implica libertad de cátedra e investigación, es presupuestal. Por ello, es de reconocerse la congruencia del gobernador Alfredo del Mazo, quien el año pasado otorgó un incremento a la UAEM de 450 millones de pesos: el mayor en los últimos 15 años.
A la UAEM y a muchas instituciones públicas en México, les faltan muchos más recursos. Ojalá que al igual que en territorio mexiquense, donde incluso el presupuesto 2019 se aprobó por unanimidad, en el ámbito federal logremos los acuerdos que garanticen recursos suficientes para una educación libre y de calidad. La autonomía y su función de contrapeso del poder público no es el enemigo a vencer.
