Si la excelencia en la educación fuera la prioridad del gobierno federal, se fortalecería el papel de la Secretaría de Educación Pública a través de invertir para garantizar condiciones de capacitación al magisterio, plantillas completas e infraestructura digna y suficiente en las escuelas públicas, así como mejorar las condiciones de los supervisores escolares para fortalecer su labor en las instituciones públicas y privadas.
Pero la prioridad es ideológica: polarizar aún más a la sociedad, enviando el mensaje constante de que se combate a los empresarios –no importa su tamaño— porque son la antítesis del pueblo, sin importar que generan empleos o que deban cobrar más al alumnado para sobrevivir a un Estado que pretende sobrerregularlos hasta estrangularlos.
En mayo pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Proyecto de Norma Oficial Mexicana (NOM) PROY-NOM-237-SE-2020, Servicios Educativos-Disposiciones a las que se sujetarán aquellos particulares que presten servicios en la materia”, a fin de regular aspectos comerciales de los prestadores de servicios educativos.
El proceso de consulta pública a cargo de la Secretaría de Economía, ha sido calificado de “autoritario, parcial o poco trasparente”, por diversas organizaciones que representan a más de 4 mil instituciones de educación particular, debido a que se les ha “coartado su libertad de expresión de diversas formas; su participación ha sido de convidados de piedra, además de que para participar en las reuniones de trabajo fueron obligados a firmar un convenio de confidencialidad y un código de ética, que los amordaza para no compartir abiertamente todas las irregularidades inherentes a la citada norma.”
De aprobarse en sus términos, la NOM elevará costos para las escuelas particulares, encareciendo el servicio e incluso desaparecerá a las instituciones privadas más pequeñas, debido a una sobreregulación, pues las leyes General de Educación y General de Educación Superior, ya norman con claridad la prestación de servicios educativos y prevén requisitos, sanciones y certificaciones.
Datos oficiales revelan que en México existen 45 mil 163 escuelas privadas de las cuales el 68% corresponden a la educación básica, el 14% a educación media superior, el 7.6% educación superior y el 8.9% a Capacitación para el trabajo, las cuales tienen diversas condiciones de infraestructura, calidad y solvencia económica; la mayoría, instituciones pequeñas que atienden a un sector importante de la población que no encuentra espacio en las instituciones públicas, ni tiene acceso a las grandes escuelas.
Peor aún, la autoridad busca regular las escuelas públicas y privadas de manera diferenciada, estableciendo una NOM que impondría un estándar comercial para informar a sus usuarios, pero ¿Las escuelas públicas escapan de todos estos requisitos?, ¿qué acaso no deben también informar sobre los servicios educativos que prestan?
¿Cómo hará la Profeco para vigilar que 45 mil 163 escuelas privadas cumplan con esta norma?, ¿existe presupuesto para realizar esta verificación?, ¿de dónde saldrán estas unidades certificadoras? Si el propio sistema educativo actual tiene problemas para validar el cumplimiento de las leyes, ¿cómo lo hará una autoridad ajena al sector educativo?
Frente a la emergencia educativa que vive México, no es posible abrir la puerta la corrupción, a la opacidad y a poner en manos de quien sabe quién, la certificación de las escuelas bajo criterios comerciales y no de educación formativa, por lo cual, presenté un Punto de Acuerdo en la Cámara de Diputados, a fin de que la Secretaría de Economía cancele el proceso de la NOM, hasta realizar un diagnóstico de su impacto en las escuelas particulares del país, la afectación al sector educativo, a la economía familiar y su alineación con las leyes en materia educativa, evitando una sobreregulación para las escuelas particulares. Necesitamos fortalecer el sistema educativo y garantizar su calidad, no su destrucción.
*Diputada federal reelecta por el Distrito 27 del Estado de México.
@AnaLiliaHerrera.
