Durísimo golpe al sistema de pensiones
Como un golpe, en pleno rostro, recibieron los burócratas y maestros mexiquenses la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Social del Estado y Municipios, propuesta por el gobernador del Mazo, la cual prevé un nuevo régimen de pensiones basado en un sistema de cuentas individuales, a través de las Afores.
El lunes pasado, 23 de julio, la Comisión de Hacienda y Puntos Constitucionales de la Legislatura local aprobó por la mañana, de manera inesperada, entre otras, la iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo estatal; el miércoles de esa misma semana, ante el reclamo de cientos de burócratas, el Congreso aprobó el nuevo ordenamiento que cancela la justa expectativa de miles de futuros servidores públicos, estatales y municipales, de obtener, al término de su vida laboral, una pensión que les permita vivir una vejez menos precaria.
¡Lo que son las cosas de la vida! Hace 67 años, la Legislatura, a iniciativa de un gobernador visionario, don Alfredo del Mazo Vélez, aprobaba la Ley de Pensiones del Estado de México, abriendo nuevas expectativas de bienestar social a miles de servidores públicos y sus familias; ahora, esa misma Legislatura a propuesta de su nieto, el gobernador actual, Alfredo del Mazo Maza, acaba con ese sistema de pensiones.
El hecho, por demás trascendental, nos plantea a no querer dos preguntas inevitables: ¿qué sucedió o cuáles fueron las causas? Y, para afrontar el problema ¿no había otras alternativas, que derogar el sistema de pensiones?
Los datos en que se sustenta la exposición de motivos son dramáticos y catastróficos y, por lo mismo, nada creíbles: se afirma que “la reserva financiera se terminará a mediados de 2019”, es decir, en unos meses, y sin embargo, al 31 de julio del año pasado el ISSEMyM contaba con una reserva líquida de 5,271.3 millones de pesos, información proporcionada por ese mismo Organismo, a través del Portal de Transparencia. Se asevera que mensualmente se pagan pensiones a 59 mil 610 jubilados, “cifra que se puede duplicar en el próximo lustro” (sic); esta apreciación parece ser totalmente improbable, pues sería tanto como jubilar a 12 mil trabajadores por año, lo que materialmente es imposible. Se señala que para mantener el actual sistema de pensiones, sería necesario que las cuotas de los servidores públicos “se incrementaran al 47% de su salario base de cotización”, supuesto totalmente absurdo. Por si fuera poco, la exposición de motivos deja entrever que el déficit actuarial y financiero que carga el ISSEMyM se debe al pago de las pensiones de los jubilados, lo que equivale a afirmar que los pensionados somos los culpables de la quiebra del Organismo, y no el desorden administrativo y financiero que lo ha caracterizado en los últimos 18 años.
Dicen quienes saben del tema, y lo saben bien, que la principal causa de este desastre financiero se encuentra, en lo fundamental, en la mala administración del Organismo que se puede ver en las siguientes realidades: la obesa y costosa estructura administrativa del nivel central; el deficiente control interno del gasto en las unidades médico-hospitalarias; la excesiva subrogación de medicamentos que se ha convertido en un buen negocio; la opacidad en las adquisiciones de equipos, medicamentos y otros servicios; el rezago en el entero de las cuotas, aportaciones y créditos, por parte del GEM, ayuntamientos y organismos autónomos; y la costosa operación de centros vacacionales, estancias infantiles, centro de jubilados y pensionados, entre otros.
A fin de afrontar el problema liquidez para cubrir las pensiones ¿acaso no había otras alternativas que simplemente cancelarlas? Claro que las había; por mencionar algunas: que las reservas actuariales fueran realmente intocadas; que las instituciones públicas cubrieran puntualmente con las cuotas y aportaciones, incluyendo la UAEM que a la fecha adeuda 1,300 millones de pesos; incrementar gradualmente en los porcientos recomendables, las cuotas y aportaciones para fortalecer el fondo de pensiones; adelgazar la estructura central del Organismo y, por supuesto, erradicar la corrupción que en muchos de sus procesos se advierte.
Pero, los directivos del ISSEMyM y las autoridades del gobierno, confiados en la nula oposición de los dirigentes de burócratas y maestros y en la aquiescencia de la Legislatura estatal, se fueron por la más fácil: abolir las pensiones.
