“El pueblo pone y el pueblo quita”. La simplicidad para justificar y esconder el engaño: no es revocación de mandato, sino la ratificación de un cargo irrenunciable; no es un derecho entregado a los ciudadanos, sino una nueva facultad entregada al presidente que podría promoverse, no para someterse a la voluntad del pueblo, sino para hacer campaña desde el poder, rompiendo toda equidad en la contienda electoral de 2021.
La semana pasada, pese al voto en contra de 153 legisladores, incluído el mío, se aprobó en la Cámara de Diputados una nueva reforma a la Constitución impulsada por el presidente de la República y su mayoría, en materia de consulta popular y revocación de mandato.
El cálculo es político: se trata de lograr nuevamente la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso federal y en las cámaras locales que se disputarán en el año 2021; de seguir cambiando la ley a favor de un proyecto que, de cualquier forma no respeta las normas cuando así conviene a sus intereses y que cada día confirma que su voluntad y su popularidad, pueden estar por encima de la legalidad.
Porque, ¿cómo creerle al presidente que no es un “ambicioso vulgar para reelegirse” si, desde antes de asumir el poder, y después de jurar cumplir y hacer cumplir la Constitución, ha realizado consultas a modo, fuera de la ley y de cualquier metodología estadística, lo mismo para cancelar la construcción de un aeropuerto, que para construir un tren en medio de la selva sin estudio de impacto ambiental y ya no digamos de costo-beneficio?
Esta reforma que, aún puede ser frenada en el Senado, propone en realidad una ratificación del mandato: un pretexto para que el presidente realice campaña electoral y se promocione con recursos públicos durante todo su periodo, emulando a las dictaduras, donde las instituciones funcionan como una maquinaria propagandística al servicio del régimen para luego eternizarse en el poder.
Y surgen otras dudas: ¿por qué quienes promueven la austeridad republicana quieren gastar el dinero del pueblo para este tipo de ejercicios?, ¿las prioridades del gobierno no deberían estar en garantizar medicamentos y atención en los hospitales, refugios para mujeres víctimas de violencia, estancias infantiles, mejores salarios para los maestros?
¿O será que, por un lado proponen quitar la mitad de los recursos a los partidos políticos y por el otro buscan financiar la campaña presidencial e incidir en el resto de las contiendas con cargo al presupuesto?
Normalizar una consulta de esta naturaleza, puede ser el primer paso para la eliminación del principio de “no reelección”, consagrado en nuestra Constitución. Sería la antesala para extender un mandato con el pretexto de obedecer la “decisión popular”.
El presidente de la República llegó al poder con una amplísima mayoría y legitimidad: lo que todas las personas deseamos –incluso quienes no votamos por él— es que haga un buen gobierno para que a México le vaya bien. Distraído en campaña, no podrá lograrlo.
*Maestra en Derechos Humanos y Garantías.
Diputada Federal del Estado de México.
