La mejor inversión de un país y de una familia es la educación de la niñez y la juventud. La pandemia por Covid obligó al cierre de escuelas para salvaguardar la salud y la vida de las comunidades escolares, arriesgando la calidad de los aprendizajes educativos e incidiendo en la perpetuación de las desigualdades futuras, pues impactará los resultados de varias generaciones en su desarrollo personal y laboral.
Apenas en agosto pasado, la Secretaría de Educación Pública afirmaba que el programa de aprendizaje a distancia Aprende en Casa II, era un esfuerzo equitativo porque el 94 por ciento de las familias mexicanas tiene acceso a la televisión y el 6 por ciento restante podría acceder a guías, libros de texto gratuitos, y demás materiales educativos, en formato físico y digital, además de la radio, para continuar con sus estudios.
Ojalá tuviéramos la certeza de esa cobertura para un derecho fundamental como es la educación, que para millones de personas en México, es el único motor para la movilidad social.
El discurso oficial dice que su objetivo es que los aprendizajes continúen, sin dejar a nadie atrás y que, por el bien de todos, primero los pobres, pero lo cierto es que a estas alturas del ciclo escolar, el gobierno federal no solo carece de la información sobre el impacto de la pandemia en estudiantes y maestros, indispensables para programas acciones y destinar presupuestos, sino que a la fecha, no ha publicado la estadística sobre los alumnos inscritos en el país, a fin de determinar cuántos alumnos y alumnas abandonaron la escuela en este periodo.
La pandemia le vino como anillo al dedo para justificar que por primera vez dicha información no es publicada en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), ni entregada al organismo que, aunque perdió autonomía por decisión de la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados, tiene la responsabilidad de evaluar y proponer junto con la SEP, las soluciones a este problema: la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU).
La pandemia por Covid-19 y la falta de una estrategia del gobierno mexicano, ya arrebataron cientos de miles de vidas. ¿podemos darnos el lujo de que la omisión gubernamental arrase también con los aprendizajes educativos, así como con el desarrollo personal y laboral de la niñez y la juventud que ya abandonó sus estudios?
Sería imperdonable. En 2019, -antes de su desaparición y de la pandemia-, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, reportó tasas de deserción que solo hasta nivel de educación media superior, ascendía a casi un millón 300 mil alumnos.
Luego del confinamiento al que nos obligó el Coronavirus, solo conocemos la encuesta que en noviembre realizó la Comisión Nacional para la Mejora Continua en la que un 11.5% de los estudiantes afirmaron no saber si regresarían a clases y 2.5% señaló que no pretendía hacerlo. Por su parte, 16.8% de las madres y los padres de familia indicaron que no lo sabían y 4.2% dijo que no regresarían”.
El impacto no es menor: se reflejará en la reducción del aprendizaje, el aumento de las deserciones en los grupos más vulnerables –muchas de ellas para siempre--, y en el incremento del trabajo y el matrimonio infantil.
La comunidad escolar y eso incluye a las maestras y maestros, requiere también condiciones óptimas para adaptarse, por lo que urge que la SEP establezca un Plan de Gestión Educativa para generar la recuperación del aprendizaje y evitar la deserción escolar, además de dar a conocer la información sobre los alumnos inscritos en el Sistema Educativo Nacional, así como la tasa de deserción y eficiencia terminal por grado y nivel educativo para los ciclos escolares 2019-2020 y 2020-2021.
*Diputada federal mexiquense.
@AnaLiliaHerrera
