Así como no queriendo la cosa, sin demasiado aspaviento, el gobierno estatal publicó este viernes 15 de marzo el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029 que nos permite conocer cuáles serán los objetivos, metas, estrategias y prioridades que regirán la actuación de las dependencias y entidades de la administración pública estatal además de definir los programas regionales y sectoriales bajo los principios y criterios de este plan.
El Plan consta de cuatro “ejes del cambio” (1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo, 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua, 3. Empleo digno y desarrollo económico y 4. Bienestar social) y tres “ejes transversales” (1. Igualdad de género, 2. construcción de la paz y seguridad y 3. Cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible) que definirán todo el quehacer gubernamental durante la actual administración.
El documento consta de 296 páginas y detalla el análisis de la situación actual de la entidad, tal como lo está viendo el gobierno mexiquense e, incluso, algunas observaciones a futuro sobre la perspectiva con datos que resultan muy interesantes como que la prospectiva plantea que 2029, al cierre de esta administración, será el año en que, por primer vez, el número de muertes en la entidad supere el número de nacimientos con lo que se iniciaría una nueva tendencia negativa en el crecimiento poblacional.
Algunos datos que también vale la pena destacar tienen que ver con el tema de la corrupción; en donde resaltan, por ejemplo, que “De los mexiquenses de 18 años o más que tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública, el 84% (sic) tuvo experiencia con algún acto de corrupción, ubicando así al Estado de México en la posición número uno en el país, con casi veinte puntos más que la media nacional (65%) y más de siete respecto a la entidad que ocupó el segundo lugar, que fue Veracruz (77.4%)”; es decir que oficialmente tenemos la policía más corrupta del país.
En este tema, también destaca que “de las 112,505 denuncias recibidas por corrupción, entre el 2017 (sic) y el 2023 (sic), solo el 11% (sic) [12,964] fue sancionada”; esto implica un grado de impunidad en actos de corrupción de 89% en la entidad, una cifra exageradamente alta y que pone en tela de juicio a todos los organismos dedicados a combatir este tipo de acciones, desde los de fiscalización como los internos de control y las contralorías.
Por eso no extraña que en el Estado de México el nivel de desconfianza de la población mexiquense sea mayor que el de l media nacional en todos los niveles; así pues “entre las primeras 5 instituciones y actores públicos que les generan mayor desconfianza se encuentran: los policías (44.4%), seguidos de los ministerios públicos (37.8%), los partidos políticos (37.1%), el gobierno estatal (24.6%) y los gobiernos municipales (23.9%)”, en todos por encima de la media nacional que es: policías (34.7%), ministerios públicos (25.8%), partidos políticos (32.7%), gobierno estatal (19%) y los gobiernos municipales (147.5%), esencialmente nos hemos convertido en una población que desconfía más de las instituciones y los actores apolíticos que en cualquier otra región del país.
En materia de Derechos Humanos el Estado de México va en un claro y contundente retroceso “la entidad muestra una tendencia negativa, al regresar a niveles previos a la pandemia por COVID-19 en los expedientes calificados y hechos presuntamente violatorios de Derechos Humanos” más aún “el Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el periodo de enero a octubre de 2023, registró 1,122 expedientes de presunta violación en el Estado de México. Ello, posiciona al estado como la tercera entidad con más expedientes a nivel nacional, sólo superado por la Ciudad de México y Chiapas”.
Y con todo esto ¿qué plantea el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029 para solucionar el problema de la corrupción en la entidad? Pues básicamente, más de lo mismo pero ahora escrito en un plan que diga que se está haciendo algo como lo que ya se hacía pero sin precisar o, mejor dicho, sin comprometerse a nada que pueda parecer una acción contundente contra la corrupción.
Por ejemplo; para el objetivo obvio de “Eliminar la corrupción en todas sus formas y modalidades”, la estrategia será la innovadora propuesta de “Eficientizar la fiscalización del ejercicio del gasto público”; y para eso las líneas de acción incluyen: “Implementar políticas de transparencia proactiva, gobierno abierto y rendición de cuentas, Profesionalizar y evaluar la integridad de las personas servidoras públicas que realizan acciones de fiscalización”.
También como líneas de acción “Vigilar la obligación de las personas servidoras públicas, en especial de las y los (sic) funcionarios de alto nivel, con toma de decisiones y manejo de recursos públicos, de presentar y hacer públicas sus declaraciones de impuestos, patrimonial y de intereses, así como aplicar exámenes de control de confianza, asegurándose que sus gastos correspondan con sus declaraciones”.
O además “Ejecutar acciones de control y evaluación en el sector público estatal, y de acompañamiento y seguimiento a las auditorías de entes fiscalizadores externos, Implementar mecanismos de supervisión de la actividad notarial que garanticen tolerancia cero a la corrupción y malas prácticas, [y hasta] Incrementar la eficacia y eficiencia de la capacidad de fiscalización y control de los recursos públicos por parte de la Secretaría de la Contraloría, los Órganos Internos de Control y las auditorías externas, para detectar y corregir oportunamente riesgos de corrupción”.
Algo similar encontramos en las líneas de acción para atender la estrategia de “Desarrollar e implementar estrategias integrales para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción” y no, no es un error: la estrategia del gobierno estatal para combatir la corrupción es aplicar más estrategias para prevenir, detectar y sancionar la corrupción; diría que ¡genios! “Combatiremos la corrupción combatiendo la corrupción”, en resumen.
¿Cómo no se nos había ocurrido antes que se puede combatir la corrupción con más transparencia, vigilancia, rendición de cuentas y profesionalización de los servidores públicos del gobierno estatal? Gracias al Plan de Desarrollo por abrirnos los ojos y descubrir que es posible; lástima que todos estos planteamientos sean, en esencia, los mismos que se han aplicado en administraciones anteriores por lo que podríamos esperar que el cambio esperado, al menos en materia de corrupción, siga en una pausa que durará tiempo indefinido.
Ese necesario revisar a detalle las demás áreas del Plan esperando que, al menos en otros rubros haya propuestas más concretas y, sobre todo, eficientes que no se limiten a hacer lo que ya se ha venido haciendo en las últimas administraciones estatales; sobre todo en materia de agua y de seguridad pública que son; sin duda alguna, los principales problemas que enfrenta el actual gobierno y en los que, al menos en el arranque, está quedando a deber.
