La violencia contra las mujeres amenaza con incrementarse durante este sexenio, si permitimos que el lopezobradorismo impulse la visión ilegal, retrógrada y simplista que ha recortado presupuestos y programas dirigidos a hacer valer los derechos de las mujeres mexicanas.
El discurso de un presidente que desconoce el incremento de la violencia que viven millones de mexicanas debido al confinamiento, porque está convencido de que “existe mucha fraternidad familiar”, se traduce ya en órdenes que sus subordinados ejecutan sin reflexión ni remordimientos.
Es el caso de la eliminación del subsidio federal que apenas en marzo pasado había sido asignado para la atención de la Alerta de Violencia de Género en el Estado de México, Veracruz, Zacatecas, Nuevo León, Nayarit, Jalisco y Puebla.
De un plumazo, el gobierno federal violó lo establecido en el Artículo 58 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual advierte que: “No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; las erogaciones correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas y la Atención a Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos establecidos en la presente Ley y con la opinión de la Cámara de Diputados.”
Las cifras alarmantes de feminicidios que ayer fueron bandera de campaña para el lopezobradorismo, hoy son ignoradas y motivo de “ajustes presupuestales” que en realidad significan un recorte total de la asignación de recursos federales para dichas entidades.
En el caso del Estado de México dejarán de llegar 5 millones 380 mil pesos que se traducirían en un proyecto para prevenir el embarazo adolescente derivado de la violencia sexual y para reforzar los mecanismos de atención y protección a las víctimas, pues nuestra entidad tiene dos tipos de Alerta de Violencia de Género: una por feminicidios y otra por desaparición de niñas y mujeres.
Sin importar que el número de llamadas de emergencia por violencia contra las mujeres en territorio mexiquense, ha crecido en 60 por ciento durante la pandemia, la crisis sanitaria y económica es el pretexto ideal para desmantelar programas y servicios que desde el inicio de la actual administración federal estuvieron en la mira de su brazo destructor: la desaparición de las estancias infantiles que eran un apoyo para las madres trabajadoras y favorecían la educación inicial, los recortes a programas de salud, a los albergues para mujeres víctimas de violencia y ahora a mecanismos que protegen la vida de las mujeres, como la Alerta de Violencia de Género.
La desigualdad y la violencia que viven la mayoría de las mujeres en el país, no admiten la realidad paralela de un gobierno convencido de que la carga de cuidados en el hogar es para nosotras porque los hombres son “más desprendidos”, o que deslinda su responsabilidad de combatir la delincuencia apostando a “los jalones de orejas y los zapes” de las madres abnegadas, mientras aplica su política de “abrazos, no balazos”.
Se trata de problemas estructurales que no admiten discursos simplistas o soluciones fuera de la realidad. Reitero en estas líneas lo que en la bancada del PRI exigimos públicamente al presidente López Obrador en la Cámara de Diputados: que se entregue el presupuesto destinado a las entidades con Alerta de Violencia de Género como fue aprobado por el Poder Legislativo y como lo establece la ley, pues lo contrario es dar un espaldarazo a la violencia y la impunidad.
*Diputada federal mexiquense.
@AnaLiliaHerrera
