Se dice que, en tiempos de la Revolución, el municipio sureño de Texcaltitlán libró en su plaza “un prolongado combate” en defensa heroica del pueblo.
Apenas con el 0.1% de la población del estado este municipio se convirtió en tema de interés nacional, derivado de los enfrentamiento entre civiles y criminales, el pasado 8 de diciembre en Texcapilla.
Este enfrentamiento llama la atención, desde la difusión masiva en redes sociales del embate, hasta su impacto para otras zonas del territorio mexiquense que son víctima de una expoliación sistemática gestada a lo largo de años, a cargo de cédulas criminales.
Para la posteridad han quedado grabadas las imágenes de hombres y mujeres pobremente armados que decidieron confrontar a sus extorsionadores, uno de ellos, el líder de la cédula delincuencial. El saldo, 10 fallecidos presuntamente integrantes de La Familia Michoacana y cuatro civiles.
Desde que se conoció la confrontación abundaron los juicios sumarios que apuntan sin más al debilitamiento del Estado, al desgobierno. Sin embargo, esta visión solo politiza e ignora la complejidad del fenómeno de la violencia en México.
Y es que la hipótesis del Estado fallido se ha convertido en un recurso discursivo al que se recurre cada vez que se quiere desacreditar el proyecto nacional impulsado por el presidente López Obrador.
Muchas preguntas surgen en torno a Texcaltitlán. Una de ellas es si estamos ante una trasformación de la regulación de la violencia en la entidad, en la cual la población civil organizada no va en contra del gobierno estatal, ni busca su desconocimiento. Ante este contexto vale preguntarnos si estamos ante una oportunidad para que autoridades y población civil colaboren de una manera, más o menos institucionalizada, en contra del enemigo en común.
En medio de la controversia que suscitan este tipo de eventos, es necesario reconocer el papel que juegan los grupos civiles organizados para mantener el orden en diversas regiones y localidades del país. Se trata de un fenómeno lleno de matices, pues se trata de civiles que rompen la ley para, paradójicamente, hacerla respetar, a la vez que piden la intervención de las autoridades, no su desobediencia.
Texcaltitlán representa la primera crisis para la gobernadora constitucional del Estado de México, quien ha tenido una reacción oportuna y visible. Es un buen momento para que la pluralidad de actores políticos en el estado respalde las acciones de la mandataria, en un muestra de compromiso por la paz social de la entidad.
