El pasado 5 de febrero conmemoramos un año más de la Carta Magna. 106 años han pasado desde su proclamación y más de 700 reformas ha tenido en su contenido, lo que la convierte en una de las Constituciones más reformadas a nivel mundial.
En el marco de tal fecha, el Congreso del Estado de México recibió de parte del Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México (SECTEC), la propuesta de reforma integral a la Constitución Mexiquense. Cabe recordar que la última vez que la entidad vivió un proceso de revisión integral al texto constitucional se dio en 1995. Resultado de ese ejercicio se adicionaron y derogaron diversos libros, títulos, capítulos, secciones, artículos y fracciones de la Constitución local.
¿Por qué en el Estado de México es necesaria una reforma integral a la Constitución? En las siguientes líneas planteo algunas razones como integrante del SECTEC.
Desde la década de los 90, el Estado de México ha ido cambiando su perfil demográfico y algunos problemas se han recrudecido en materia de empleo, violencia contra las mujeres, inseguridad y movilidad, por citar algunos temas. Los indicadores sobre pobreza son elocuentes al respecto. De los casi 17 millones de personas que habitan el Estado de México, solo el 20% es población no pobre y no vulnerable (por carencias sociales o por ingresos), según estimaciones de CONEVAL.
Nuestra Constitución vigente recoge el mandato del Estado mexicano en materia de derechos humanos. En los hechos, sin embargo, los derechos de los que habla el texto han quedado vacíos de contenido para la vasta mayoría de las y los mexiquenses.
Esta ausencia de mecanismos de exigibilidad de derechos sociales, civiles, económicos o culturales son una razón más para renovar el pacto social y político que sustenta la Constitución.
El texto constitucional vigente está plagado de disposiciones de naturaleza reglamentaria y procesales. Un ejemplo claro de ello es el artículo 5º donde encontramos de manera indistinta, contenidos en materia de derechos humanos, así como disposiciones reglamentarias en materia de educación y con relación a la transparencia y acceso a la información.
El contexto social y político de la entidad y el país es ahora de mayor pluralidad y de exigencia de inclusión. La sociedad mexiquense está cada vez más abierta a su diversidad, en términos de preferencias sexuales, de identidad de género y de preferencias políticas. Ante este escenario se hace indispensable que el Estado de México avance hacia una Constitución con sentido social, innovadora, que coloque al centro a las personas y no al poder político.
